EN EL JUZGADO LA SUPRESIÓN DE LA AYUDA A LA REMOLACHA
El presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo, ha presentado en la mañana de ayer, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León un escrito de interposición de recurso contencioso administrativo contra la ratificación de la Junta de su decisión de desestimar las ayudas comprometidas con los remolacheros de la Comunidad Autónoma.
Tras agotarse los recursos por vía administrativa, ASAJA, cuyos colectivos agrupan a cerca del 50% de la producción regional, inicia la vía judicial para reclamar las ayudas que le corresponden a los remolacheros de Castilla y León, a la que espera que los tribunales reconozcan el derecho que la administración autonómica les ha usurpado.
Desde que en junio de este año, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León anunciara la retirada de su apoyo al sector remolachero regional al suprimir la ayuda de 3 euros por tonelada que tenía comprometidos durante 5 campañas, habiendo sólo cumplido en las 2 primeras, ASAJA Castilla y León tuvo claro que se trataba de una decisión “completamente injusta tanto en el fondo como en la forma” y por ello ha ido dando los pasos oportunos para que la decisión fuera revocada.
Hasta ahora solo cabía la vía administrativa, a través de la cual la organización ha presentado más de 1.600 recursos administrativos a todos los afectados que así lo demandaron. A lo largo del mes de septiembre, los recursos se presentaron contra la decisión de la Junta de dejar sin efecto la medida de apoyo que recogía el Plan de competitividad en el sector remolachero, con el objetivo de fijar un marco estable para el cultivo de remolacha en Castilla y León en las campañas 2008/2009 a 2013/2014.
Hay que recordar la importancia del sector en Castilla y León, que con cerca de 30.000 hectáreas, 6.000 cultivadores y alrededor de 3 millones de toneladas de producción cada campaña ocupa la primera posición a nivel nacional. El impacto de la retirada de la ayuda supone no sólo la pérdida directa a los remolacheros de más de 25 millones de euros, si no que al dejar al cultivo en los límites de la viabilidad económica hace temer por su liquidación, posibilidad gravísima para la economía regional por el entramado de actividad que se deriva de su producción e industria.
