ACCESO A INTERNET POR BANDA ANCHA ULTRARRÁPIDA EN TODOS LOS HOGARES DE ESPAÑA
El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el último Consejo de Ministros del pasado viernes 13 de septiembre, para su remisión a las Cortes Generales, actualiza la normativa actual para adaptarla a los profundos avances que ha vivido el sector de las telecomunicaciones y para favorecer el desarrollo futuro de la economía digital, que el Gobierno considera uno de los pilares económicos con más potencial de crecimiento en España.
La nueva Ley busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de esta economía digital, eliminando barreras y fomentando la competitividad y la protección del usuario. Entre las novedades, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias.
Además, la nueva Ley asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.
El proyecto de Ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, como lo son la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Además, se mejora la protección al usuario.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones se inserta dentro del Plan Nacional de Reformas que está llevando a cabo el Gobierno como parte esencial de la política económica., que se enmarca dentro del impulso a la economía digital que el Ejecutivo ha puesto en marcha y cuyo eje central es la Agenda Digital para España.
El proyecto de Ley General de Comunicaciones, como consecuencia, va dirigido a consolidar el uso de internet en la población de Castilla y León, donde más de 1.713.500 ciudadanos lo utilizan actualmente con frecuencia, promover su extensión al total de la población y el territorio, así como a garantizar la permanencia en el mercado y su potenciación de las 1.118 empresas de la Comunidad relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy emplean 8.608 personas, y que no precisarán de nuevos requerimientos y el cumplimiento de nuevos requisitos en cualquier lugar del mercado español.
La Comisión Europea calcula una necesidad de inversión en España de 25.000 millones de euros para que en el año 2020 todos los hogares dispongan de banda ancha ultrarrápida; para Castilla y León, donde en la actualidad cerca del 63% de los hogares disponen de acceso a Internet por banda ancha, la inversión no sería inferior a 375 millones de euros en el período 2014-2020.
Las previsiones de la Comisión establecen que el desarrollo en Europa de la banda ancha ultrarrápida podría suponer la creación de unos 2.000.000 de
puestos de trabajo hasta el año 2020., lo que supondría para Castilla y León la creación de cerca de 5.000 nuevos puestos de trabajo en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC.
