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Declarado de urgente actuación el incendio de Iberavi en Alija del Infantado

21 empleos directos corresponden a la incubadora calcinada de Iberavi

El Consejo de Gobierno ha aprobado poner en marcha medidas que fomenten la recuperación de la capacidad productiva y el mantenimiento del empleo y agilizar los permisos, autorizaciones y demás actuaciones precisas para la reconstrucción y puesta en funcionamiento de la nueva factoría de Iberavi.

La decisión busca “facilitar a la empresa la reconstrucción y puesta en funcionamiento de la factoría, la recuperación de la capacidad productiva y el mantenimiento del empleo” en esta planta perteneciente al Grupo Oblanca.

El fuego destruyó completamente la incubadora, por lo que es necesario construir de nuevo la planta para recuperar su actividad. El hecho de afectar a la incubadora, proceso clave en el ciclo de producción desde la puesta al sacrificio, ha puesto en peligro todas las demás actividades del proceso de las empresas del grupo, por lo que han tenido que recurrir a contratar incubadoras externas en Portugal, Lérida, Galicia y en Burgos y a la compra de pollitos de un día para suministrar a sus granjas concertadas. Proporcionan 350 empleos directos y 267 indirectos con dedicación cien por cien a la actividad.

De todos ellos, 21 empleos directos corresponden a la incubadora calcinada. El pasado 9 de noviembre la empresa presentó ante la autoridad laboral competente expediente de regulación de empleo de suspensión por causa de fuerza mayor que afecta a 18 trabajadores.

La ayuda guardará en todo caso una relación de proporcionalidad con el número de trabajadores que se reincorporen a sus puestos de trabajo una vez finalizado el periodo suspensivo.

En todo caso, la duración de los procedimientos para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios para la iniciación de la reconstrucción y puesta en funcionamiento de Iberavi no excederán en su conjunto de tres meses, y en el supuesto de que determinadas actuaciones o procedimientos sean competencia de otras administraciones públicas, la Junta de Castilla y León arbitrará los mecanismos de coordinación que sean necesarios con el fin de agilizar su tramitación.

Información: noticiascyl
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