COAG LAMENTA LA NUEVA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 11% EN EL PLAN DE SEGUROS AGRARIOS DE ESTE 2012
El pasado viernes31 de agosto, el BOE comunicaba la rebaja de 281 a 252 millones de euros de apoyo para la contratación de seguros en el campo. Hay una creciente preocupación en el sector, que ha denominado esta rebaja, junto a la eliminación de los apoyos a la contratación del seguros en varias Comunidades Autónomas de «tijeretazos». Comunidades en las que el agro es vital para el desarrollo económico y social.
Tras un año en el que la renta agraria ha caído un 5,9%, las pequeñas y medianas explotaciones familiares tendrán serias dificultades para asumir el coste del seguro.
De modo que, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) muestra su más profunda preocupación por el nuevo recorte presupuestario del 11% en el Plan de Seguros Agrarios de este 2012, teniendo en cuenta que varias Comunidades Autónomas, como es el caso de Andalucía, Aragón, Murcia, Extremadura y Castilla y León, han eliminado también los apoyos en numerosas líneas de aseguramiento, siendo imprescindible que el sistema de seguros siga contando con el máximo apoyo público posible puesto que el sector agrario, defienden, «es en estos momentos vital para el desarrollo económico y social de los más de 7.000 municipios situados en el medio rural”.
La modificación del presupuesto, conlleva una reducción de 29 millones de euros en el apoyo a la contratación de seguros en el campo, al pasar de los 281 millones de euros aprobados en un inicio por el Gobierno a los 252 que finalmente se recogen. Desde COAG entienden que la situación económica actual no es la más propicia, pero apuntan que «la ayuda al seguro es la única manera de que la agricultura, con unos márgenes muy estrechos, cuente con una herramienta de gestión del riesgo a un coste asequible».
COAG recuerda que el seguro agrario ha sido y es una herramienta de política agraria cuyo principal objetivo es asegurar la renta de los agricultores, pero que también ha servido como un instrumento de ahorro para la administración a la hora de afrontar grandes siniestros de forma estable y sostenible, ya que bajo la premisa de “lo que es asegurable no es indemnizable” el Estado no ha tenido que hacer frente a las consecuencias económicas de catástrofes naturales.
