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SE RETRASA EL PAGO DE LAS TASAS JUDICIALES

El Gobierno anunció ayer por la noche, ‘in extremis’ que aplaza «varias semanas» la entrada en vigor de la nueva ley de Tasas Judiciales, publicada ya en el Boletín Oficial del Estado y que tenía que comenzar a aplicarse hoy mismo tras darse cuenta de que no tenía el impreso para cobrar el nuevo canon.

El Ministerio de Hacienda no ha aprobado aún la orden para elaborar el formulario para los pagos.

El presidente del Consejo General de la Abogacía avisó horas antes al Ministerio de Justicia de esta imprevisión que iba a hacer inaplicable la ley.

Una vez que se distribuya este formulario, los ciudadanos que acudan a los tribunales para solventar conflictos entre particulares, con la Administración o con las empresas tendrán que pagar como mínimo de 100 a 300 euros si quieren que los juzgados atiendan su pleito.

Cuando entre en vigor la nueva ley de tasas, el inicio de cualquier procedimiento judicial en España y la interposición de recursos ante los tribunales superiores tendrán un peaje económico salvo en el orden penal. A los habituales gastos de abogado y procurador habrá que añadir un canon público para poder solventar divorcios, herencias, conflictos vecinales, de alquiler o financieros, demandas médicas o de accidentes, recursos de multas o subvenciones, despidos, o cualquier otro asunto no delictivo.

La nueva norma no sólo extiende las tasas a los particulares y multiplica las que ya pagaban las empresas sino que además obliga a pagar a los trabajadores que recurran las resoluciones laborales que resuelvan los conflictos con su empresa. La razón es que la reforma mantiene y eleva las tasas en la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, pero además las amplía a la social. Eso sí, sólo para los recursos sucesivos ante la justicia laboral. La primera instancia sigue gratuita.

Las tasas a abonar se componen de un canon fijo más un porcentaje vinculado a la cuantía en litigio. El fijo para interponer una demanda irá de 100 a 300 euros, según el tipo de proceso y de jurisdicción, y el precio para recurrir oscilará entre 500 y 1.200 euros, en función de si se hace ante la segunda instancia o ante el Tribunal Supremo. Pero al canon hay que sumar la parte variable de la tasa, que según los casos puede ser mucho más cuantiosa. Se trata del 0,5% de la cantidad que se demanda (hasta un millón) y un 0,25% adicional en caso de superar ese montante. En cualquier caso, el tope a pagar será de 10.000 euros más el canon fijo.

Los costes son idénticos para todos, para un particular medio o un millonario. La única excepción es el ámbito laboral, donde asalariados y autónomos se ahorrarán un 60% de las tasas.

El Consejo General de la Abogacía denunció que la reforma provocará situaciones como que haya que pagar 200 euros para recurrir multas de 100, que un tetrapléjico a causa de un accidente que demande a su seguro 1,3 millones de euros debe depositar 6.050 euros sólo para que el juzgado estudie su caso, que una negligencia médica por 600.000 euros deba abogar 11.200 euros para recurrir ante el Supremo o que el debate para el reparto de una herencia de 400.000 euros tenga una tasa de 2.300 si quiere que un juez lo solucione.

El ministro de Justicia y el PP se han quedado solos en la defensa de la ley de Tasas Judiciales. Rechazan que vulnere derecho constitucional alguno y dicen que tiene como objetivo reducir la litigiosidad y recaudar fondos para mejorar los tribunales y garantizar la asistencia jurídica gratuita. En su defensa, recuerdan que este sistema, pero con cuantías muy superiores, se aplica en numerosos países europeos.

Por el contrario, la oposición al completo y todos los operadores judiciales —jueces, fiscales, secretarios, abogados y procuradores— están radicalmente en contra de su puesta en marcha porque creen que inaugura en España una Justicia para ricos y otra para pobres y viola la Carta Magna. El PSOE ha anticipado que recurrirá la ley ante el Constitucional por entender que vulnera la igualdad y el acceso a la tutela judicial efectiva, sospechas que ya planteó el Poder Judicial en su informe sobre el anteproyecto de ley.

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