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LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CONFIRMA EL FIN DE LAS AYUDAS A LA REMOLACHA Y A LOS PLANES DE PENSIONES

Las ayudas que la Junta de Castilla y León concedía hasta ahora, por un lado, a los remolacheros y por otro, a los planes de pensiones de los agricultores, llegaron ayer a su final con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de su desaparición.
Tal y como se detalla en el documento, las causas que obligaron a la toma de esta medida fueron «la actual situación de crisis esconómica y financiera excepcional», que hace necesaria la adopción de «medidas destinadas a la contención y reducción del gasto público».
Asimismo, en la publicación, la Junta recuerda que la última modificación de la Constitución, ampara legalmente la estabilidad presupuestaria, la cual «establece la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses». En concreto, en el ámbito autonómico de Castilla y León, en un «marco general de contención del gasto público en aras a alcanzar la estabilidad presupuestaria, resulta imprescindible revisar las distintas medidas que contiene el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural», explica el texto.
Esta publicación está fechada en el pasado día 23, y muestra un acuerdo que no fue comunicado después de que se reuniese el Consejo de Gobierno ese mismo día, un consenso por el cual se modificó el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013.
Ya la pasada semana, Silvia Clemente, consejera de Agricultura, explicó que la institución autonómica cuenta con potestad legal para llevar a cabo la supresión de este tipo de prestaciones, aunque estuvieran convocadas. Por su parte, las asociaciones agrarias UPA y COAG informaron de que acudirán a los tribunales para reclamar alrededor de 19 millones de euros que se encuentran adeudados a los remolacheros, correspondientes a este año, y al anterior.
Las ayudas al plan de pensiones tenían un doble objetivo. En primer lugar, mejorar las rentas que percibían los agricultores y los ganaderos que concluyen su labor en la actividad agraria, y en segundo, facilitar la reestructuración del sector, promoviendo la cesión de estas explotaciones a titulares más jóvenes.
El presupuesto con el que contaba esta financiación de pensiones, era de 63 millones de euros desde su inicio, hasta su final, es decir, desde 2007 hasta 2013. Mientras tanto, las ayudas a la remolacha contaban con un fondo estimado de 50 millones de euros.
Por último, la necesidad de buscar nuevas fórmulas en la formación de precios, se sitúa como tarea primordial.
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